Fuente:Semanario El Fundador 09/09/11

http://www.gesell.com.ar/elfundador/
A pedido del Fiscal de Estado Provincial, la Autoridad del Agua definió los criterios para establecer la “línea de ribera”. La guardaparques Patricia Selicki, consultada sobre esta resolución, explica cómo afecta esta resolución a nuestra playa, y la calificó como “muy importante, porque a partir de la línea de ribera se establecen los retiros para las construcciones urbanas”.

La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, por resolución 405/2011, del 18 de mayo, publicada en boletín oficial el 27/07/2011, definió la cuestión de la línea de ribera, a pedido del Fiscal de Estado. En la resolución establece los siguientes criterios para su demarcación: Art. 1.- Establecer que en los ambientes marinos con costas arenosas, la Línea de Ribera será fijada y demarcada en el pie del médano frontal o espaldón de playa. Art. 2.- Establecer que en los ambientes marinos con costas acantiladas, la Línea de Ribera será fijada y demarcada en el borde superior del acantilado. Art. 3.- Establecer que para zonas transicionales, la Línea de Ribera será fijada y demarcada en el borde superior de la escarpa que separa la marisma de la llanura de mareas. Art. 4.- Establecer que en las áreas muy intervenidas con obras y urbanizaciones sobre el frente costero donde no se identifiquen geoformas naturales que permitan demarcar la Línea de Ribera, se utilice para tal fin el término Línea de Deslinde.
A raíz de esta resolución, entrevistamos a la guardaparques geselina Patricia Selicki, con el objetivo de clarificar su contenido.

¿Cómo se aplica a nuestra costa esta resolución?
En las playas conservadas, que tienen pie de médano o espaldón de playa marcado, sean urbanas o rurales, se aplica el criterio del pie de médano. Ahora bien, hay playa donde se marca una llanura de mareas, vos ves que es el intermareal lo que predomina: el agua va y viene, y cuando se retira luego de una marea deja una berma, acumula un poco de arena y deja una montañita que es el berma de tormenta. Es una geomorfa natural producto de esa llanura de mareas en zonas transicionales, esto siempre y cuando el pié de médano no esté conservado. Eso también tenemos, es una marca, y ahí comienza la línea de ribera.

¿Dónde tenemos este tipo de geoforma?
En varios sectores, aún en zonas antropizadas: no hay pie de médano, porque hay un balneario, o la costanera, pero cuando una marea alta deja esta berma de tormenta. Por otra parte, en las zonas antropizadas, cuando ya no hay geomorfas, cuando no hay ninguna forma de registrar, ni siquiera el berma de tormenta, se utiliza el término Línea de deslinde, Aquí se utilizan otros criterios geomorfológicos y de altimetría, para establecer la línea de ribera.

¿Para qué se marca la línea de ribera?

¿Por qué es importante?

Veamos el caso de los balnearios. Siempre se construyeron en jurisdicción provincial, pero por delegación se los da al municipio para que los concesione.
Eso no ha cambiado, pero hay condiciones. Uno no debe propiciar la desaparición del recurso. Cuando la Provincia cede el manejo a un municipio, lo hace bajo determinados condiciones. Para eso está la ley general del ambiente.
Esta resolución concreta, ¿cambia en algo el status de los balnearios, tiene un efecto directo sobre hacer o no hacer balnearios?
Podría tenerlo: si se determina la línea de ribera, empezás a aplicar los decretos 80912, 3202, los que fijan la línea de retiro y el uso del suelo. Será el juez el que ha de dictaminar en que medida se aplican o no esas leyes que determinan el uso del suelo.
Pero si los balnearios siempre se hicieron en juridiscción provincial, el tema del retiro no tiene una relación directa
Sí, tiene una relación directa, porque la medida afecta a todo el frente marítimo.
Pero no hay una ley que dice: “los balnearios tienen que construirse a una distancia determinada de la línea de ribera”.
No hay una ley un particular… Pero los balnearios también son construcciones, y la línea de ribera influye en todo el frente marítimo. En todo caso será el Juez quien determine y resuelva la cuestión de fondo. Acá el problema es que se resuelven cuestiones en forma aislada, por eso se espera que el juez resuelva la solicitud que hizo el Fiscal de Estado.

¿Qué pidió el Fiscal?

¿El caso puntual de Altamar, en zona de médanos, que es una nueva urbanización?

Ahora, uno ve que a la altura de Alamar se han hecho enquinchados, que construyen montículos nuevos sobre la playa. ¿Esto corre el pie de médano?
En esto el Fiscal también es claro: dice que si en caso que hubiera obras de ingeniería sea naturales o hechas por el hombre, deben considerarse propiedad provincial, o sea que la acumulación de sedimento producto de esa obra no se toma en cuenta para la demarcación de la línea de ribera sino el pié de médano natural.
Otro caso puntual es Mandalay, que está dentro del ejido urbano (Calle 310). O sea que no es una nueva urbanización.
Eso está por verse, es controvertido si es o no una nueva urbanización. Si se aplica el 3202 o el 80912 es algo que va a resolver el juez. No sabría decirte, la demanda está abierta y en período de pruebas. Independientemente de cuál sea el criterio que se utilice, el caso no da. Porque el código de aguas en el artículo 142 dice que está prohibida el loteo y el fraccionamiento del primer cordón de dunas costero. y a mayor distancia aún. Y ese es el primero cordón de dunas costero. Si vos tomás el pie de médano, si vos te vas a esa zona de Mandalay, y te fijás el pie de médano, y contás mínimamente150 metros, llegás hasta la Avenida 1.
Con este criterio, todo lo que se hizo sobre ese cordón estaría mal: las casas que hay entre la Avenida 1 y la playa en la zona norte.
No sé cuanto hace que se viene manejando mal el frente marítimo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa: la costa no era la misma cuando mi papá vino acá, en 1948, que lo que es ahora… la erosión costera natural se ha ido incrementando, y la acción del hombre contribuyó notablemente a que se acreciente. Cuando mi papá vino las playas eran como la reserva, el primero cordón de dunas estaba muy retirado, lo que era la línea de ribera. Evidentemente no se ha aplicado el retiro desde la línea de ribera, han predominado intereses particulares en detrimento de salvaguardar los intereses de la comunidad.

Todo esto está a interpretación del Juez.
Está legislado, con legislación vigente, y abierta a la interpretación del Juez la demanda de protección ambiental, en etapa de pruebas. Y el pedido del Fiscal de Estado, que resolvería la cuestión de fondo.
Con respecto a los balnearios que se están construyendo ahora… Una está frenada por un recurso judicial, y otras que se están haciendo.
Por eso es tan importante la cuestión de fondo, para que haya un manejo integrado de la costa. Esto es integrado a los demás municipios costeros. Sería piola que la ley de costas propicie un manejo integrado, para salvaguardar los intereses de todos.

El juez que ordenó frenar las obras en el Vivero de Miramar visitó el lugar
El momento en que según los ambientalistas un empleado de las cabañas y un perro se hicieron presentes para amenazar
El Juez Federal Jiménez, quien dictó la medida cautelar para frenar las obras en el complejo Frontera Sur, visitó la zona de conflicto días previos a una una nueva movilización de la Asamblea en Defensa del Vivero, que alcanzó su edición nº42
El pasado jueves, el Juez Federal Jiménez, quien tiene a su cargo la causa contra el municipio de General Alvarado y el Parador Frontera Sur, y que dictó la medida cautelar para la paralización de las obras, estuvo en la ciudad de Miramar para recorrer la zona del conflicto.
La visita del magistrado duró cerca de 2 horas, y durante la misma, estuvo acompañado por los demandados y el demandante, y sus respectivos abogados.
Un nutrido grupo de manifestantes se acercó al lugar, para demostrarle al juez que no quieren cabañas dentro del vivero. Tras concentrarse en la zona del muelle de pescadores, se dirigieron en caravana hasta el lugar, donde comenzaron a colocar banderas sobre uno de los médanos que bordea la calle.
La recorrida del magistrado comenzó por la zona de las cabañas y luego se dirigió hacia el camino de más de 800 metros que se abrió, cortando médanos al medio, a continuación de Frontera Sur, y sobre el cual también se generaron sospechas sobre el motivo de su apertura.
Al finalizar la recorrida, tanto el juez como las partes, se dirigieron hacia la municipalidad para elaborar el acta correspondiente a la visita. Hacia allí también se dirigieron los asambleístas, quienes permanecieron en el lugar hasta que Jiménez y su secretario se marcharon.
La visita del Juez responde a un pedido hecho por los demandados para solicitar que mientras sigue el juicio, se levante la medida cautelar así pueden continuar construyendo el resto de cabañas y el Spa que figuraban en el proyecto original.
Según los manifestantes, antes de que el juez arribara a la zona de problema, un empleado del complejo Frontera Sur salió acompañado por un perro Rotweiler y comenzó a quitar las banderas amenazando a los presentes con soltar el perro para que los ataque si no retiraban todo. La llegada del funcionario del poder Judicial hizo que ésta persona se refugiara en el interior del complejo.

Contacto: politicaydesarrollo@gmail.com
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Nueva Asamblea



 

Presentaron el proyecto de ley que crea Código de Faltas Ambientales
1-6-11-El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, presentó hoy el proyecto de ley que crea el Código de Faltas Ambientales, destinado a sancionar delitos ecológicos y acciones perjudiciales para el ecosistema. LA PLATA.- La iniciativa, que será enviada en breve a la Legislatura, fue impulsada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y, según afirmó el mandatario, "posiciona a la Provincia a la vanguardia de la problemática del cuidado del medio ambiente".
La presentación se realizó en el Colegio de Abogados de La Plata, donde el gobernador explicó que el proyecto prevé "unificar procedimientos y crear una justicia de faltas ambientales municipales y un registro único de infractores".
"El objetivo es juzgar y sancionar los delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente y así contribuir a que tengamos una Provincia sustentable en su desarrollo", indicó el titular del OPDS, José Molina.
Previamente, Scioli se interiorizó sobre los estudios que realiza la Provincia con la "huella de carbono", un test que permite medir las emisiones de este gas en la cadena de producción de bienes y que otorga mayor competitividad en el mercado, ya que se trata de un certificado exigido a nivel mundial (DyN)

Actividades de la región costera atlántica
Por el Arq. Teodoro Sikorski
El viernes 29 de mayo, el CAPBA DIX (aclaro, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX) organizó una jornada de trabajo acerca de la planificación territorial y la actualidad de los planes en los distintos distritos de su incumbencia.
La institución inició la reunión exponiendo un informe elaborado por el área de estudios de planificación, donde suscintamente se describió la situación de los 14 municipios, y, en relación al cumplimiento del Decreto Ley 8912/77, la notoria disparidad de avances en las 4 etapas que propone dicho sistema, donde sólo 2 municipios han llegado a cumplir con la etapa 3, estando la mayoría en la etapa 2 (tal como nuestra Mar Chiquita), y sin perspectivas visibles de retomar dichos trabajos.
Esto último se aclara, cuando se percibe que esta posible meta deseable es de imposible cumplimiento, ya que no está formada la organización tecnica-administrativa municipal que permitiría retomar los estudios y acciones necesarios para formalizar el plan urbano ambiental que imperiosamente necesitamos.
Luego de una exposición de profesionales actuantes en el municipio de Pinamar, fué Necochea-Quequén la gran protagonista; el Arq. Sarisíbar, Secretario de Planeamiento Urbano de dicho municipio expuso y desarrolló los avances del plan territorial para su distrito, trabajos iniciados en 1999, y con su conducción, desde 2006.
Así mostró el avance del PUA (Plan urbano Ambiental) y la presentación, hace muy poco tiempo, del CODES (Código para el Desarrollo Sostenible) a los miembros del Concejo Deliberante, para lograr su aprobación.
Fué una presentación muy importante, porque mostró a los profesionales presentes cómo puede realizarse un plan con alto criterio profesional, con un meticuloso trabajo de participación de la comunidad y todas las fuerzas y representaciones para controlar y opinar sobre los avances y definiciones consecuentes.
Los diagramas e imágenes mostradas, con aspectos estadísticos, analíticos, con la posibilidad de apreciar la situación actual, y la futura, el sinnúmero de variables que afectan al teritorio, el ambiente, las actividades productivas, las restricciones para la provisión de agua potable, la erosión costera, dentro de las particularidades de un distrito que reúne una importante producción agropecuaria, un puerto de los más importantes de la costa nacional y una costa marítima de gran calidad con una arraigada urbanización turística.
Pero, quizá lo más significativo, que el nuevo intrumento en proceso de aprobación (el CODES) facilitaría enormemente el manejo municipal, ya que permitiría englobar adecuadamente todas las acciones y gestiones sobre el ambiente y el territorio.
Invito a apreciar, a través de la Web, este importante trabajo, una de las referencias actuales para los municipios de nuestra provincia retrasados en sus trabajos de planificación territorial.

En Mar Chiquita
En el caso específico de Mar Chiquita, tenemos esa realidad, ya que sólo se ha avanzado a la etapa 2, y el Plan que en su oportunidad se elaboró, debe urgentemente ser actualizado, en consonancia con la ampliación y diversificación de las problemáticas actuales.
La actual gestión ha desarrollado un denominado Plan Estratégico, pero la falta de visibilidad del proceso interno de su elaboración, y también, la falta de la organización interna municipal, no permite presumir un trabajo serio sobre el territorio con un sentido integralista, y sí, en cambio, avalar con un enfoque sectorialista el desarrollo de muchas de las obras en nuestro distrito municipal.
Este procedimiento, aparentemente, está planteado, para subsanar muchas de las críticas sobre la falta de participación de la comunidad.
No debemos olvidar importantes falencias, como la de las concesiones de las Unidades Turísticas Fiscales, con la indebidad utilización de áreas de playa para construcciones duras y permanentes de vivienda, lo que constituye un acentuado dislate de la utilización del territorio, además de las innumerables violaciones a determinaciones legales.
Podemos agregar la casi construcción de una Terminal de Omnibus en un espacio insuficiente, con molestias a vecinos y actividades residenciales, además un área libre como espansión urbana y parte integrante de las expansiones de la Ruta 11; también, la pretendida instalación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales; en ambos casos, la movilización de los vecinos fué importante para modificar dichos criterios, que venían con fuerte peso desde el gobierno nacional.
En otras localidades, se ha abusado de la imposición para utilizar el territorio, modificando usos y costumbres arraigadas, para imponer y apoderarse de los espacios mas visibles, con una presumible utilización propagandística y electoralista, menoscabando un criterio más sereno que involucre armónicamente las distintas etapas historicas de nuestro crecimiento.
El enfoque utilizado, a permitido una gran velocidad de ejecución, con fondos nacionales y provinciales, abundantes y exhuberantes como nunca tuvo nuestro país, debido a las nuevas tendencias de la economía mundial, el aumento de la demanda mundial de la producción agropecuaria nacional y ciertas integraciones de producción industrial, que generan abundantes divisas.
Pero muchas de las obras, no siempre han sido planificadas adecuadamente, lo que ha generado visibles contradicciones, con las necesidades de los vecinos, con los requerimientos del ambiente.
La construcción de la segunda mano de la Ruta 11, conexión Mar del Plata-Santa Clara del Mar, expone la realidad de la limitación de dicha vía como conexión regional (aunque ha aumentado notoriamente la seguridad en el desplazamiento de vehículos, incluyendo la abundante iluminación nocturna, que es un alentador espectáculo regional)) ya que por un lado, no resuelve la accesibilidad de los vecinos de los barrios Playa Dorada, Santa Elena, Frente Mar y parte de Atlántida, con el mar.
Y por otra parte, según los reglamentos viales, a dilatado los tiempos de tránsito y "estirado" las zonas urbanas, por lo que el viaje regional (conexión MPlata con los sectores al norte de Santa Clara, tal como las localidades marchiquitenses, como las más alejadas de Villa Gesell, Pinamar y de la Costa, sufren una progresivo "ralentización", complicando la vinculación de media y larga distancia; de hecho, el tramo construído, es una "avenida de doble mano", situación que desde el punto de vista regional, tiene sus inconvenientes.

Algunas conclusiones
La creación de facilidades como ésta jerarquizada viculación, debe estar acompañada de acordadas estrategias de utilización de los territorios.
Aquellos que hemos vivido mucho tiempo en el área metropolitana de Buenos Aires, sufrimos la conflictividad territorial y urbanística existente, con situaciones de densificación difíciles ya de corregir, y esa experiencia nos hace especialmente sensibles a los desajustes territoriales que presumimos pueden empezar a manifestarse en nuestro territorio, si no encaramos, con suficiente antelación, un enfoque preventimo, y asimismo proyectivo.
Esto es oportuno, aprovechando el afortunadamente todavía escaso desarrollo urbanístico y demográfico de nuestro municipio, para estudiar y proponer vías adecuadas para un crecimiento de nuestra comunidad, basado genéricamente en un Desarrollo Sustentable.
No sólo advertimos, las acciones que debe encarar el municipio, sino también la responsabilidad de la provincia, para definir un organismo visible de planificación territorial.
Siguiendo la tesitura nacional, ha privilegiado "la infraestructura y vivienda" (así se denomina el ministerio, que encabeza la Arqta. Alvarez Rodriguez) a expensas de una planificación territorial consistente, que sería la pieza fundamental de una política territorial de mediano y largo plazo.
La Nación, tiene tareas también ineludibles en ese campo, aunque por el momento, no parecen estar dentro de las prioridades de la acción de gobierno.
El territorio es la instancia primordial e ineludible para las actividades de vecinos y habitantes, tanto en las regiones como del país todo, y esa instancia, exige, la inclusión del tratamiento de la problemática que incluya todo el territorio, el urbano, el periurbano, el rural; deberá incluir el control y orientación de la explotación de las áreas sensibles, como ser las de la minería andina y regional, la protección de los grandes reservorios y humedales, las reservas forestales y naturales, la racionalización de los recursos petrolíferos y pesca, el tratamiento de los RSU (residuos sólidos urbanos), el incentivo y protección de los recursos turísticos, el gran temas de las vinculaciones físicas, viales y férreas (gran deuda nacional), la conservación y habilitación de los recursos de vías navegables, puertos y costas, etc.
Para terminar, por el momento, reconocer los inmensos problemas, que alrededor de lo territorial, nos sumergen en temas no resueltos aún, que se relacionan con la política, la expresión nacional y federal, y que se manifiestan por la excesiva concentración del poder político, con un sistema hiperpresidencialista que se acentúa por el progresivo poder sobre el uso de la renta nacional, y correlativamente, la concentración territorial, que demográficamente se expresa en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, el área metropolitana del Gran Buenos Aires.
Las tres más grande capitales del país, están ubicadas en un radio de 60 km., cosa que casi, es una ofensa al sentido común; la casa de Gobierno Nacional y de la ciudad de Buenos Aires se encuentran distanciadas en 300 metros!
De esta manera, se produce una superposición de los temas territoriales con los grandes temas que hacen a la democracia, a la transparencia, y la descentralización política (incluyendo la modificación del sistema presidencialista a un sistema parlamentario).
Y, para concluir, reflexionar acerca de que la generación de una nueva capital de la república, tal como ya la han realizado numerosos países como Estados Unidos, Brasil, Australia, la India, podría ser una forma de convocar a los argentinos tras una empresa común, con un objetivo claro de descentralización y desconcentración política, demográfica, aprovechando la oportunidad para encarar el tema de los asentamientos irregulares y de las migraciones internas provocadas por la falta de oportunidades regionales.

 

Publicado el 31 de Mayo de  2011 por Teodoro Sikorski en su blog http://concienciaambientalmch.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

 Caravana mágica
30.5.11.- En Miramar no aflojan con su pedido. La Asamblea en Defensa del Vivero Dunícola llevó adelante este domingo, su 31° marcha en repudio a la construcción de cabañas en el Vivero Municipal y en defensa de los espacios públicos de toda la región
La noticia de la notificación del concesionario de Frontera Sur, la participación en la 6ta. Asamblea Regional en Defensa del Ambiente Costero y la cada vez mayor repercusión del reclamo que lleva adelante la Asamblea en Defensa del Vivero, alentaron a muchos vecinos de General Alvarado a participar en la 31° marcha en repudio a la construcción de cabañas en el Vivero Municipal y en defensa de los espacios públicos.
Dicha movilización se llevó a cabo este último domingo en la avenida 26 entre 21 y 23, luego de una breve concentración, en la cual se les informó a los presentes las últimas novedades judiciales y una breve reseña de la participación en la Asamblea Regional, se procedió a realizar la “caravana mágica”.
Un nutrido grupo de autos, decorados con banderas alusivas, dieron forma a la misma, la cual recorrió parte de la ciudad. La larga fila de vehículos partió por avenida 23 rumbo a la Costanera, desde allí se dirigió hasta el muelle de pescadores y retomó hacia el centro, recorriendo la calle 21 hasta la avenida 40 y retomando luego por la aveniva 23 hasta la zona de las plazas céntricas.
Antes de que se produjera la desconcentración, se invitó a los presentes a ingresar al sitio www.miramardepie.com.ar, en donde podrán encontrar fotos, videos e informes de todo lo actuado (El Atlántico 30.5.11)

  El Día de las Reservas y Parque Naturales se celebró en Bahía Blanca
El 11 de Mayo pasado, fue el Día de las Reservas y Parques Naturales; cada año, la fecha se celebra en diferentes reservas de nuestra Provincia, y en 2011 fue Bahía Blanca la sede organizadora.
El Intendente bahiense, Dr. Cristian Breitenstein, como anfitrión recibió a autoridades del OPDS – su Director Ejecutivo José Molina, el director de Áreas Naturales Protegidas, guardaparque Ricardo Cañete; el subsecretario de Gestión Ambiental, Dr. Eduardo Conghos  y varios intendentes comunales y funcionarios provinciales .En el acto, llevado a cabo en el Salón Blanco Municipal, también estuvieron presentes estudiantes, vecinos, autoridades de ASHRAE, Parques Nacionales, Vida Silvestre, Fundación Patagonia y diferentes delegaciones de Guardaparques – entre ellas la nuestra-. Nuestro distrito, cuenta con una verdadera perla en Balneario Parque Mar Chiquita que es la ‘Reserva Natural’ marchiquitense: un tesoro provincial cuyo manejo ‘administrativo’ tiene el municipio, pero que a su vez,  cuenta con guardianes que trabajan diariamente preservándola: son los Guardaparques Provinciales.
La Reserva de Biosfera Mar Chiquita, que es también una Reserva Natural Provincial, cuenta con un equipo de trabajo dependiente del OPDS (Organismo para el Desarrollo Sustentable) compuesto por tres guardaparques: Miguel Busato (biólogo) , Alejandro Leiss (especialista en temas de fuego) y Julio Mangiarotti (Encargado de la Reserva).
En la ocasión se anunció formalmente el Decreto provincial que declara y reconoce nuevas Áreas Naturales en la Provincia de Buenos Aires, incluyendo el reconocimiento de la Reserva Natural Municipal Costera de Bahía Blanca; se rubricaron Convenios de Cooperación entre y con los municipios de Coronel Rosales, Villarino, Bahía Blanca y OPDS; entre este organismo y Fundación Patagonia Natural y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca para la relocalización de vertederos de refulado del dragado del canal principal – todos los cuales tienen que ver con la participación mutua en el cuidado del medioambiente, métodos de reciclado y cuidados del ecosistema. Tras el clásico brindis, cada una de las delegaciones de las Reservas dio un paneo de las labores realizadas en sus territorios (Programas anuales  puestos en marcha en relación a fiscalizaciones, caza, fuego ciencia y educación ambiental) , y finalmente,  se firmó un Acta Compromiso entre AIQBB, Consorcio de Gestión del Puerto, Fundación Patagonia Natural, Municipio de Bahía Blanca, OPDS y ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditionig Engineer), para aunar esfuerzos con el fin de llevar a buen termino el Proyecto de Emplazamiento de Sala de Atención al Visitante, Sala de Conferencia y Centro de Rescate de Fauna en la Reserva Natural Municipal Costera de Bahía Blanca.
Coincidiendo con el Dia del Himno, se conmemoró la fecha con las interpretaciones de la Banda del Ejército. José Molina, en su rol de titular de, OPDS, hizo entrega de vehículos y equipamiento de utilidad para la labor de Guardaparques de  las 16 Áreas Naturales Protegidas, por disposición de la Gobernación Provincial que encabeza Daniel Scioli. “Desde la Provincia se ha realizado un trabajo en conjunto y a conciencia para equipar a la Reservas técnicamente (…) del cual estamos orgullosos por su forma de trabajar”, declaró el titular del OPDS (refiriendo a vehículos, cuatriciclos , camionetas, soldadoras, taladros, lijadoras y toda la serie de herramientas necesarias para trabajar en las diferentes áreas dedicadas a la conservación de los espacios protegidos).

Guardaparques: Trabajando, educando y preservando
La celebración del Día de Parques y Reservas Naturales es una fecha de interés para todos los que promueven el cuidado medioambiental; en ellas , la comunidad que es sede (Mar Chiquita lo ha sido en su momento) tiene plena participación en los festejos, y son muchísimas las personas que toman conciencia en las charlas y exposiciones de la importantísima misión que cumplen los guardaparques en cada reserva y parque, dado que no todas las personas tienen conciencia de ‘el tiempo y esmero que conlleva el armado y la continuidad y mejoramiento de un área protegida’. La labor es permanente y se comienza desde las bases. En Mar Chiquita, por ejemplo, llevó mucho tiempo y esfuerzo construir la primer cabaña o puesto de Guardaparque en una zona agreste, donde no hay elementos, ni poblados cercanos donde abastecerse,- máxime ,  en tiempos en los que no se contaba con móviles y los guardianes de la reserva cumplían días enteros de guardia en la total soledad e inmensidad de las dunas y la naturaleza-.
Aún cuando están construidos los puestos, el trabajo es constante: señalizaciones, mantenimiento, recorridas continuas ‘a pié’, ya que desde las camionetas no pueden divisarse personas que suelen perderse en inmensos territorios, ni animales en peligro o furtivos que son una amenaza para el ecosistema natural protegido. Con uniformes que los mimetizan con la vegetación y entorno natural, los guardianes de parques y reservas recorren permanentemente sus zonas, siempre  alerta y en continuo movimiento, son los encargados de observar los diversos cambios en el entorno, hacer avistajes de aves y observarción de las migraciones, los que proveen de data para las estadísticas, realizan guiadas expertas a estudiantes y profesionales, detectan animales en peligro , cuidan que se cumpla la ley y no se realice caza furtiva, o pesca con redes para proteger las especies,  y en muchas oportunidades rescatan también a personas que se arriesgan -por mar o por tierra. a adentrarse en terrenos hostiles donde sólo los baquianos encuentran la salida.



Una tarea difícil, y de riesgo, que sòlo pueden realizar aquellos que disfrutan de preservar estos reservorios de vida natural , con fauna y flora típica, que son atesorados en estos tiempos por el mundo.
Bahía Blanca, fue esta vez la sede, donde las delegaciones de diferentes parque y reservas provinciales se dieron cita para celebrar la fecha, y también para compartir con la comunidad la tarea que los Organismos de preservación llevan a cabo día a día y que el OPDS contribuye a hacer posible.

Finalmente, el Juzgado Civil y Comercial nro. 12 de la ciudad de Mar del Plata dictó sentencia el día primero de febrero de 2011 en el caso del basural de la laguna de Mar Chiquita. Recordemos, el Municipio de Mar Chiquita había decidió allá por enero del año 2005 instalar su disposición final de residuos domiciliarios en la parcela 22bt del partido, la que se encontraba a pocos metros del límite del área natural protegida Mar Chiquita. Por una medida cautelar dictada el 16de agosto de 2006 el Juzgado que hoy ha sentenciado, decidió suspender la actividad hasta que se dictara sentencia definitiva en el caso. Ahora finalmente se decide el caso haciendo lugar a la demanda, suspendiendo definitivamente el proyecto y ordenando que se recomponga lo mal hecho.
Para ver la sentencia completa se puede consultar www.jose-esain.com.ar

Antecedentes del caso.

La laguna de Mar Chiquita es una albufera única en la Argentina y en el mundo por sus características ecológicas. Está ubicada en la costa marítima sureste de la provincia de Buenos Aires, a 30 km de Mar del Plata. En ella vierten sus aguas arroyos y canales de las sierras de Tandil y Balcarce, y de una cuenca más amplia. Se distingue por la comunicación con el océano Atlántico y la recepción de agua continental que producen un mosaico de aguas dulces, saladas y salobres. La coexistencia de especies marinas y dulceacuícolas, la influencia de los vientos y las mareas, y la heterogeneidad de suelos y relieves posibilitan su rica diversidad biológica y ambiental. El paisaje incluye playas, médanos, marismas, lagunas, bañados salobres y de agua dulce, arroyos, praderas húmedas, pastizales halófilos y pampeanos, junquillares, cortaderales, totorales, talares y llanura marginal. Mar Chiquita es un humedal de extraordinaria importancia para el país y a nivel mundial. Resulta entonces esencial fortalecer las iniciativas de conservación de la biodiversidad, uso racional de los recursos y rescate del patrimonio cultural. La designación como Sitio Ramsar complementaría otras categorías de conservación existentes como Reserva de Uso Múltiple, Reservorio de Vida Silvestre y Reserva de Biosfera MAB-UNESCO. Se potenciarían las acciones de protección, favoreciendo la concienciación pública y abriendo nuevas puertas para la cooperación nacional e internacional.
En enero de 2005 el Municipio de Mar Chiquita comienza a cavar las cavas para alojar las celdas de lo que sería su proyecto de centro de disposición final de residuos. El relleno sanitario se instalaría en la parcela 22bt del partido de Mar Chiquita.
El sitio era y es manifiestamente inhábil. Los informes científicos que se hicieron lo demostraron. El Instituto de Análisis de los Recursos Naturales (IARN) realizó un informe sobre la viabilidad del predio que terminó con un resultado contundente: el predio no es apto para alojar un relleno sanitario.
Las variables más destacadas por los informes que determinan la inviabilidad biofísica de la parcela 22BT para la localización de un relleno sanitario son las siguientes:
a) La zona es anegadiza e inundable.
b) La presencia de terrenos con muy escasas pendientes, abundancia de lagunas, bajos inundables y zonas anegables y pantanosas, que se interconectan en momentos de lluvias, desaguando a la laguna Mar Chiquita.
c) Acuiferos a muy escasa profundidad, por lo que se encuentran expuestos a cualquier actividad contaminante que se realice en la superficie. Este efecto se ve potenciado por la pretensión de desarrollar las cavas por debajo de la superficie del terreno.
d) Los pozos destinados a suministro tanto humano como de la hacienda no pueden protegerse debido a la escasa profundidad de los acuíferos.
e) Un agravante a las situaciones de riesgo anteriores es que los pozos de extracción de agua no pueden profundizarse, ya que a 20-30 metros aparecerían terrenos asociados con ingresiones marinas que contienen aguas no aptas para el consumo humano y del ganado.
f) La amenaza de que los materiales contaminantes lleguen a cuerpos de agua de la reserva MAB o del refugio de vida silvestre es altamente probable en caso de contingencia dadas las características hidro-geomorfológicas del terreno.
Frente a esa evidencia sumada a otros estudios importantes como el de la Licenciada Calandroni del INTA, un estudio de la Licenciada Anahí Ball,  y otro del licenciado Alvarez, los vecinos deciden iniciar un amparo. Se presenta Aníbal Ballesteros, que es la persona que vive enfrente del predio, en un campo que además tiene una laguna dentro. El objeto era detener el descabellado proyecto.
Con fecha 16 de agosto de 2006 el Dr. Novelli dice: Bajo tales premisas, a criterio del suscripto, la documental agregada a las actuaciones permite acoger la cautelar solicitada. Por ello, bajo responsabilidad del actor, decrétase prohibición de innovar res pecto a la construcción de un centro de disposición fi nal de residuos en el predio cuya nomenclatura catastral se individualiza como circunscripción IV, parcela 22bt, del Partido de Mar Chiquita (arts. 195, 198, 199, 202, 204, 230 y concordantes del C.P.C.; leyes provinciales 11.723, 10.907, concordantes y modificatorias).

El trámite del juicio.

Luego del dictado de la medida cautelar el proceso tuvo varias alternativas. Primero se dio traslado a la Municipalidad que alegó que todos los elementos presentados por los vecinos no eran ciertos. Alegó que poseía un estudio de impacto ambiental hecho por el CEAMSE y que según el mismo el predio era apto, que no era bajo, ni inundable, y que no afectaría la sanidad de la Albúfera.
Luego se presentaron dos escritos de amicus curiae, uno por el Rotary Puerto de la ciudad de Mar del Plata y otro por la Fundación Vida Silvestre. Ambas presentaciones hechas por reconocidas instituciones de la sociedad civil recomendaban al Juez hacer lugar a la acción y suspender el proyecto por los peligros que el mismo podría generar en  la biodiversidad de la Albúfera Mar Chiquita. Se dio traslado también al Ministerio Público Fiscal, a la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, (UFI 11) de la ciudad de Mar del Plata la que se expidió a favor de la actora y en protección de la biodiversidad de la Albúfera.
También el trámite de la causa llevó a la realización de una audiencia pública en el primer piso del Colegio de Abogados con todas las partes del caso. Asimismo, se hizo un reconocimiento judicial del predio del que participó el propio Dr. Jorge Novelli, juez de la causa.
Se adjuntaron vía oficio, informes sobre la importancia del lugar de la Secretaría de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación así que como del Museo Argentino de Ciencias Naturales y otras instituciones.

La sentencia

Finalmente con fecha 1 de febrero de 2011 se dictó sentencia definitiva en el caso. Así el Juzgado resolvió “haciendo lugar a la acción de amparo promovida por Aníbal Ballesteros con el patrocinio del Dr. José Alberto Esaín –apoderado a partir de fs. 366- contra la Municipalidad de Mar Chiquita y ordenando en consecuencia a esta última la paralización definitiva de las obras de construcción del centro de disposición final de residuos llevadas a cabo en la parcela 22 bt de la Circunscripción IV del Partido de Mar Chiquita, atento la falta de aptitud del predio y la consecuente inviabilidad del proyecto por contrariar la normativa ambiental, en particular los arts. 21 de la ley 25.916, 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y reputando asimismo ineficaz la resolución 1.432/06 de la Secretaría de Política Ambiental”.Pero no sólo esto, sino que además le ordenó al municipio “la restauración del sitio a su estado anterior en un plazo de ciento veinte (120) días contados desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia. Todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41 primer párrafo in fine de la Constitución de la Nación Argentina”.
Reproducimos la sentencia debajo, pero resulta la misma una sentencia de enorme riqueza en sus contenidos, haciendo aplicación no sólo de la ley general del ambiente 25675 sino de la norma sectorial de presupuestos mínimos en materia de residuos domiciliarios (ley 25916) así como las normas complementarias provinciales.
Estamos ante una pieza jurídica de enorme trascendencia sobre todo por el modo en que aplica el  moderno derecho ambiental al caso. Una pieza que pone en resguardo un bien muy sensible como la albúfera de Mar Chiquita. Además sirve esta sentencia para entender que los derechos de incidencia colectiva exigen la participación ciudadana y permiten que los habitantes protejan  el bien jurídico ambiente incluso frente actos violatorios de los poderes públicos.
Para ver la sentencia completa se puede consultar www.jose-esain.com.ar
 

TEXTO DE LA SENTENCIA

uzgado Civil y Com. Nro. 12 - Expediente número 25268

Mar del Plata, 1ro. de febrero de 2011 (FF).
VISTAS: Estas actuaciones caratuladas: "BALLESTEROS, Aníbal c/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA s/ AMPARO" traídas a despacho para dictar sentencia.
RESULTA:
I) Que a fs. 300/351 se presenta Aníbal Ballesteros con el patrocinio letrado del Dr. José Alberto Esaín e interpone acción de amparo ambiental contra el Municipio de Mar Chiquita, conforme lo reglado en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y 30 de la ley 25.675.
Como petición de fondo solicita en su carácter de habitante de Mar Chiquita que la justicia ampare su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado (art. 41 C.N.).
En consecuencia solicita se detenga la ejecución de un centro de disposición final de residuos en la parcela 22 bt del Partido de Mar Chiquita y cualquier otro proyecto dentro de dicha parcela vinculado a la actividad de residuos, porque sostiene que la misma producirá contaminación a los sistemas hidráulicos atento que el predio es inundable, posee la napa a poca profundidad y se encuentra dentro de la cuenca hidrológica de la Albúfera Mar Chiquita.
Señala que ésto ha comenzado a alterar las condiciones ambientales del lugar y podría incluso pasar a generarse un daño de enorme gravedad.
Asimismo, atento la inminencia del daño ambiental que se puede comenzar a producir desde el ingreso del primer camión con basura, daño que incluso pudo darse con los primeros actos que alteraron la morfología del lugar, solicita como medida cautelar que V.S. ordene al Municipio suspenda toda obra así como los trámites administrativos y demás actos que pudieran estarse ejecutando en relación a la disposición final de residuos en dicha parcela.
Luego de peticionar beneficio de litigar sin gastos, dedica un capítulo específico a la competencia de los tribunales provinciales y en razón del lugar del Departamento Judicial Mar del Plata en la cuestión que trae a decisión, citando profusa normativa, doctrina y jurisprudencia; otro a su legitimación activa y explica que se está en presencia de un derecho de incidencia colectiva y que el presente amparo, justamente, tiene por objeto prevenir y hacer cesar un daño ambiental de incidencia colectiva.
Expresa que si se puede resumir la cuestión en un párrafo, se está ante un relleno sanitario que se está instalando en un predio que posee todas las inhabilidades que se pueden poseer.
Explica que es un inmueble inundable, con vegetación de lagunas dentro, con la napa a muy poca profundidad, con el potencial de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, en un ámbito en que esa es la única potable por la cercanía al mar y la salinidad de la segunda y tercera napas.
Remarca que es un predio rodeado de lagunas y arroyos que desembocan en la albúfera de Mar Chiquita, con el peligro que ante un incidente de inundación –como los que se repiten todos los años –se contamine dicho sitio único en todo el planeta y agrega que, si algo falta, el predio está rodeado de posos (sic) de agua (molinos) donde los vecinos de los campos se abastecen y dan agua a su ganado.
Afirma que el proyecto es una locura por donde se lo mire, arbitrario e irracional y tiene el peligro que ante el primer incidente contaminante afecte a todos los vecinos del lugar y modifique el ecosistema de la albúfera.
Considera manifiestamente arbitrarios tanto los actos de preparación como los de ejecución, así como cualquier autorización administrativa que se otorgue.
Relata que en febrero de 2005 el Municipio de Mar Chiquita inicia las gestiones para concretar un proyecto de disposición final de residuos domiciliarios, dejando de lado su antiguo sistema de basural a cielo abierto y clandestino.
Que a tal efecto selecciona un predio ubicado en la parcela 22 bt del Partido de Mar Chiquita. El expediente municipal 023/05 trata del alquiler del predio.
Alertados, los vecinos envían cartas documento y notas. Se sumó la Sociedad Rural. Y si bien el Municipio detuvo las actividades momentáneamente, no detuvo el proyecto sino que comenzó a buscar en los organismos provinciales la autorización del predio.
Que el problema que se advierte es que a pesar de la intención del Municipio de realizar los procedimientos administrativos autorizatorios de evaluación de impacto ambiental, el proyecto es arbitrario, ilegal e inviable ya que no puede autorizarse un predio con las condiciones enumeradas porque no cumple con las normas que rigen la actividad.
Con ello queda claro que de existir una resolución autorizatoria, será arbitraria y controlable en un proceso como el presente.
Frente a tales acontecimientos se envió junto a otros vecinos cartas documento a la Secretaría de Política Ambiental, apersonándose ante dicho organismo a fin de advertir el problema. No obstante, el Municipio siguió adelante con los trámites de autorización.
Recalca el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, alude a la L.G.A. nro. 25.675 y hace especial hincapié en la ley de gestión de residuos domiciliarios nro. 25.916 señalando que si bien el C.E.A.M. S.E. (uno de los organismos asesores de la accionada) en autos “Asociación Civil Nuevo Ambiente de Punta Lara y ot. c/ C.E.A.M. S.E. s/ Amparo”, puso en duda su aplicación, allí se resolvió su plena vigencia.
Enfatiza que los artículos 20 y 21 de la ley 25.916 son muy importantes para resolver el caso de autos, los transcribe y los sintetiza manifestando que la norma establece claramente como prohibición expresa que: a) no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural, b) ni en sitios inundables.
Esta norma es complementada por la Secretaría de Política Ambiental a través de la resolución 1.143/02.
En apartado específico explica la técnica de los rellenos sanitarios y las resoluciones provinciales aplicables al caso (ley 25.916 y resoluciones 1.142 y 1.143 de 2002.
Indica que la foto numerada como 18 del informe del I.A.R.N. que acompaña es elocuente en cuanto a la inundabilidad del predio.
Agrega que “a confesión de parte relevo de pruebas”: sostiene que de los propios documentos de la Municipalidad surge que el lugar es inundable. El estudio de impacto ambiental del municipio dice a fs. 123 que “la unidad presenta un máximo riesgo de inundación”.
Acota que la peor de las pruebas luce a fs. 250 del expediente 2145-4916/05 donde la propia Autoridad del Agua en su informe dice que el predio no es apto hidráulicamente y lo transcribe parcialmente.
Que este no es un dato menor desde que la Autoridad del Agua provincial tiene por función el poder de policía sobre el sistema hidrológico provincial y, su dictamen, la fuerza probatoria de un informe pericial.
Asimismo controvierte el informe elaborado por el C.E.A.M. S.E., el que es refutado puntualmente por el I.A.R.N..
Refiere que en su momento hasta el representante del municipio expresó que no querían continuar con el proyecto en la parcela 22 bt y que no entiende que los ha movido luego a cambiar y seguir con este extraño relleno sanitario, un predio manifiestamente inhábil para alojar esta actividad.
Que a todos los impedimentos se le suma que el sitio es cruzado por un canal que desagua en la albúfera Mar Chiquita y tiene una laguna enfrente.
Señala que el inmueble seleccionado 22 bt está fuera de los límites catastrales de la reserva y del refugio de vida silvestre. Ello es incontrastable, pero está a no más de mil metros del límite. Por eso de lo que queda fuera es de la cuenca biológica, ecológica e hidráulica de la albúfera, resultando de suma importancia la explicación contenida en el informe del I.A.R.N..
Recuerda que la ley 25.688 de gestión ambiental en su art. 3 establece que “las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles”.
Enfatiza en que si existen dudas sobre los alcances del daño, si se ha generado el presupuesto de incertidumbre sobre los problemas que el predio presenta, el principio de precaución obliga a suspender el proyecto hasta despejada la incertidumbre.
Luego de ahondar en las leyes 10.907 y 11.723 y en el concepto de biodiversidad, solicita que la demandada se abstenga de continuar con el centro de disposición final de residuos de Mar Chiquita.
A continuación se detiene a explicar que existen pozos de toma de agua cercanos al predio ubicados en los campos vecinos, 3 a menos de 500 metros y 3 que estando más allá, no se alejan demasiado y que esto invalida el proyecto.
Argumenta que promediar las variables de aptitud del predio conlleva a un fraude matemático y eso es lo que hizo el C.E.A.M. S.E.. (que para colmo presenta un informe sin firma de profesional responsable), como revela el estudio del I.A.R.N. donde detallan 7 componentes inaceptables o “fatal flaws” y a pesar de ello, a entender del C.E.A.M. S.E., el predio es sólo tolerable. Afirma que la duda obliga a la cautela.
Enumera que dentro del expediente provincial de E.I.A. aparece el informe de los técnicos de la autoridad del agua donde dicen que el predio es hidráulicamente inhábil.
Que a renglón seguido el presidente de la autoridad del agua otorga el certificado de aptitud hidráulica, pero sujeto a la presentación de un informe de obras, entre otras cosas. 
Expresa que una certificación condicionada es como si no hubiera sido dada.
Y para finalizar, entiende que las respuestas de las cartas documento advierten que la Municipalidad está tramitando y haciendo todo lo posible para arribar a esas constancias técnicas hidráulicas solicitadas por la A.D.A..
En capítulo aparte desgrana los requisitos específicos para la procedencia del amparo y luego especifíca la medida cautelar solicitada al comienzo de la demanda, peticionando se ordene como medida de no innovar el cese de la actividad vinculada al predio de disposición final de residuos.
Precisa que el objeto de la acción de amparo es prevenir el daño ambiental antes que el mismo suceda. Por ende, el objeto de la medida cautelar es el cese del daño ambiental, la verosimilitud del derecho relacionada con la prevención ambiental, en tanto el peligro en la demora se patentiza en la irreparabilidad del daño.
A seguido hace reserva de la cuestión federal, ofrece prueba, fundamenta el pedido de beneficio de litigar sin gastos y, finalmente, solicita que oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todos sus términos, con imposición de costas a la demandada
II) A fs. 352 se requiere al Municipio de Mar Chiquita que dentro de un plazo de cinco días presente el informe circunstanciado del art. 10 de la ley 7.166 acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada.
Asimismo, con fundamento en el principio de prevención, se decreta prohibición de innovar respecto a la construcción de un centro de disposición final de residuos en el predio nomenclado catastralmente como Circ. IV, parcela 22 bt del Partido de Mar Chiquita hasta tanto recaiga sentencia definitiva, sin que la medida se extienda a los trámites administrativos en curso.
III) A fs. 358/265 el Dr. Esaín se presenta como apoderado del accionante y adjunta escritos con adhesiones de vecinos de la zona.
IV) A fs. 375 se presenta el Dr. Iván Fernando Bianchi, apoderado de la accionada Municipalidad de Mar Chiquita y a fs. 748/758 contesta el amparo impetrado en contra de su representada.
En prieta síntesis, solicita se rechace la acción de amparo por extemporánea, subsidiariamente niega hechos y pruebas, contesta la acción, solicita el levantamiento de la medida de cautelar de no innovar, apela, hace reserva de caso federal, se opone al beneficio de litigar sin gastos solicitado por Ballesteros y solicita se aplique sanción por temeridad y malicia.
En cuanto a la extemporaneidad de la acción lo funda en que el art. 6to. de la ley 7.166 expresamente dice que en todos los casos deberá interponérsela dentro de los 30 días hábiles a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto u omisión que considera violatorio del del derecho o garantía constitucionales.
Señala que a fs. 253/254 de las presentes actuaciones surge claramente que el accionante ya tenía conocimiento de la instalación del predio el día 17/01/05.
Que por ello, atento el tiempo transcurrido y considerando lo manifestado por la actora y el principio que rige la doctrina de los actos propios, solicita se rechace la presente acción por ser totalmente extemporánea, con costas.A continuación, por imperativo procesal niega en forma general todos los hechos expuestos por la actora en su presentación y luego realiza una negativa particularizada.
Asimismo, niega todas las pruebas acompañadas que no fueran expresamente reconocidas por su parte y realiza también una negativa particularizada de las pruebas, resaltando que niega obre en autos copia de los expedientes 2145-1740/05 y 2145-0216/05 de la Secretaría de Política Ambiental, que obre en autos copia del expediente por ante el Consejo Deliberante Municipal 32/05 sobre la locación de terreno para el relleno sanitario de Mar Chiquita, niega por inexistente copia simple del expediente 2145-10002/2002 y niega por inconducente la prueba documental obrante a fs. 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Bajo el acápite "aspectos técnicos", señala que en primer lugar su mandante quiere dejar en claro que el predio elegido se encuentra fuera del área perteneciente a la reserva natural declarada por la ley provincial 12.270/98, tal como se establece en la resolución 1.432/06.
Que a través de dicha resolución se obtuvo la declaración de aptitud ambiental del proyecto en cuestión, la que deja condicionada a la obtención de la correspondiente aptitud hidráulica, debiendo cumplimentarse ante la Autoridad del Agua de la provincia la presentación correspondiente al proyecto de las obras de saneamiento hidráulico del predio y su conexión con el entorno a efectos de obtener la autorización definitiva.
Destaca que la no obtención de la misma da por decaída la declaración de impacto ambiental sin más trámite, por lo que deberá ser presentada ante la S.P.A. con carácter previo al inicio de la etapa constructiva.
Que lo expuesto también será aplicable si se confirma que existen pozos de agua registrados ante la Autoridad del Agua de la provincia en un radio menor a 500 mts. del predio.
Remarca que la norma requiere que los pozos estén registrados y además a una distancia menor a la mencionada.
Que para comprobar la existencia o no de tales pozos, el Ingeniero Alberto Diez, al servicio del municipio y contratado para el caso, realizó inspecciones visuales y se georreferenció cada punto para su ubicación espacial. Así, existen tres pozos de agua dentro del límite fijado por la norma: uno de ellos a 476 mts. al oeste y aguas arriba (teniendo en cuenta el sentido de escurrimiento) del predio.
Que considerando que en el proyecto se delimita un área de amortiguación de 50 mts. alrededor del módulo de residuos y teniendo en cuenta las medidas establecidas, expresa que no habría impactos negativos en ese pozo de extracción y por consiguiente en la salud de los vecinos y animales que se encuentran en la zona.
Que otro pozo a considerar es el más cercano al predio (45 mts. hacia el norte). El mismo no existía y en el último relevamiento del 01/02/06 se encontró un pozo en estado de construcción con un molino a medio armar, cañerías de PVC y bebederos nuevos, por lo que debe interpretarse como un engaño manifiesto al sólo efecto de inferir (sic) la viablidad del proyecto.
Que el último pozo se encuentra en el campo del Sr. Ballesteros, a 276 mts. al sur del terreno. El mismo no se encuentra aguas abajo del predio, por lo que ante una posible alteración de la calidad del agua no afectará la utilización de ésta por los vecinos.
Puntualiza que se debe tener en cuenta que los pozos de agua deben estar registrados ante la autoridad del agua y que los pozos mencionados en principio no se encuentran comprendidos dentro de la resolución de la S.P.A., debido a que no se encuentra acreditada la registración de dichos pozos.
En el mismo informe confeccionado por el ingeniero Diez, surge que las acciones sobre suelo y agua ocurren en la etapa de construcción y constituyen medidas preventivas.
Que ellas consisten en la impermeabilización del suelo por medio de una membrana de polietileno de alta densidad, la construcción de pozos de monitoreo de aguas subterráneas y la red de drenaje.
Expresa que los criterios para evaluar la aptitud del sitio demuestran que el predio es tolerable para la construcción del relleno sanitario y si se observan las medidas mitigadoras descriptas el proyecto no debería afectar los recursos, ni causar impacto en la población vecina.
En cuanto a la contaminación de aguas, manifiesta que si el centro de residuos se maneja en forma apropiada y se construyen las colectoras de aguas superficiales indicadas en el anteproyecto, el impacto sobre el medio es mínimo. En especial por sus características geológicas (suelos limo-arcillosos) y la impermeabilización del terreno, se estima que los potenciales impactos por lixiviación de los efluentes producidos por la digestión anaeróbica de la basura son de baja o nula magnitud.
Detalla que el entorno del predio es una zona de alto compromiso ambiental, además de los cursos de agua citados precedentemente, es un área de alto grado de anegamiento. Por eso, los trabajos de impermeabilización y la red de drenaje contribuirán a minimizar el impacto y se controlará mediante monitoreos de agua.
Que así también por disposición de la S.P.A., la Municipalidad se encuentra obligada a construir no menos de 4 freatímetros sobre cada borde de mayor longitud y no menos de 2 sobre cada borde de menor longitud.
Que asimismo se deberá monitorear cada seis meses todos los pozos existentes a menos de 500 mts. del predio.
Afirma que por lo expuesto, el proyecto llevado a cabo por el municipio se encuentra totalmente encuadrado dentro de los lineamientos técnicos y específicos requeridos por la S.P.A., que no es otro que el organismo oficial de contralor en la materia.
Destaca que si bien como sostiene el accionante el informe del C.E.A.M. S.E. no está firmado por autoridad profesional alguna, la municipalidad contrató al Licenciado Diez que concuerda mayormente con el estudio tan cuestionado por la otra parte y este estudio sí está firmado y aprobado por la S.P.A.
Que también, con fecha 10/01/2006, el Departamento Obras Marítimas de la Dirección Provincial envía nota en la que manifiesta que el terreno no ofrece mayores inconvenientes desde el punto de vista de los desagües del mismo y su entorno.
Que en el mismo se hace referencia a un bajo y una llamada de agua (al momento de la inspección totalmente seco) que deriva al campo lindero, el cual se ha canalizado. Este bajo se encuentra fuera del emplazamiento por lo que no habría interrupción del drenaje, no obstante lo cual y considerando la altura prevista del relleno, no habría inconvenientes en realizar un zanjeo por el costado que corre por el rumbo N.O..
Señala que cree haber puesto de manifiesto que la Municipalidad de Mar Chiquita lleva adelante el proyecto referido al predio de disposición final de residuos urbanos conforme directivas de la Secretaría de Política Ambiental, siguiendo todos los lineamientos de dicho organismo de control.
Que en suma, el reclamo de la actora no tiene ningún tipo de sustento, por lo que sólo cuenta con la documentación existente en el organismo antes mencionado, la cual a su vez se adecua en su totalidad el proyecto del municipio.
En capítulo específico solicita se levante la medida de no innovar y se permita la continuidad de la obra.
Expresa que la S.P.A. por resolución 1.432/2006 declaró ambientalmente apto el proyecto supeditándolo al cumplimiento de los requisitos planteados por la Dirección Provincial para el desarrollo Sustentable, que constan en el anexo 1 de la resolución mencionada.
Allí también se establece que el no cumplimiento de la obtención de la aptitud hidráulica del predio llevará a considerar que el proyecto resulta no viable en el sitio propuesto y se revocará automáticamente la declaración de impacto ambiental otorgada precedentemente.
Que a efectos de dar cumplimiento con lo requerido por la S.P.A. solicita se levante la medida cautelar dictada, de modo de llevar adelante las obras pertinentes y así lograr la aptitud hídrica necesaria para continuar con el proyecto.
A continuación sostiene que el tema en realidad preocupa a seis o siete vecinos de Mar Chiquita quienes basados, no en el interés general sino en el particular de unos pocos, pretenden llevar a engaño a V.S. dejando de lado los principios básicos de toda sociedad.
Asimismo, luego de descalificar el estilo del escrito de demanda, manifiesta que le es imposible dejar de mencionar que los residuos domiciliarios del Balneario Parque Mar Chiquita hoy son llevados a Coronel Vidal, distante 60 kms. de la primera, lo cual ocasiona dos problemas.
Por un lado, la distancia equivale a mayores costos en traslado, horas hombre, desgaste de vehículos, entre otros, tal vez en resquebrajamiento de la salud, educación, la obra pública, etc..
Por otra parte se pregunta si tendrán la culpa los habitantes de Coronel Vidal del egoísmo y falta de sensibilidad social de los vecinos del Balneario Parque Mar Chiquita o si estarán condenados a ser presa y rehenes del iluminado Ballesteros, su fábula y su guionista Esaín... (sic).
Indica que los pueblos deben y están condenados a asumir sus obligaciones propias.
Resalta que el predio anterior -sí dentro de la Reserva-, operó durante 14, 15 o más años, lindante a la escuela pública del lugar y seguramente o no contaminaba o sería más alto o sería otra época donde el marketing de los especialistas no cotizaba en bolsa o, lo que es peor, el predio pertenecía al vecino Castagnari, socio adherente de este zainete (sic), quien por razones estricta y exclusivamente económicas, dejó de arrendar su parcela a la comuna, no preocupado por la salud de nadie, tampoco por la reserva de biósfera, sino preocupado sí por su propio bolsillo.
Enfatiza que es una hipocresía que escapa a cualquier análisis, una especulación egoísta, seguramente por una deplorable ambición política que no tiene otro objeto que obstaculizar el progreso, el desarrollo de un pueblo y de toda una comunidad.
A continuación ofrece prueba, hace reserva del caso federal y se opone al beneficio de litigar sin gastos ofreciendo prueba al respecto.
En capítulo específico solicita se apliquen a la contraria las sanciones por temeridad y malicia que correspondan si al momento de sentenciar y con las pruebas producidas el suscripto funda su decisión conforme a la pretensión de su mandante. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su petición.
Finalmente, solicita que oportunamente se rechace el amparo impetrado, con expresa imposición de costas.
V) A fs. 777 se remiten las actuaciones a la Fiscalía General y a fs. 869/870 el Dr. Guillermo Nicora, Agente Fiscal de la U.F.I. nro. 11 departamental contesta la vista referida.
VI) A fs. 820/831 se presentan César Stafforini y Emilio Baraboglia en representación del Rotary Club Puerto Mar del Plata, a fs. 856/867 lo hace Héctor Roger Ramón Lauronce como presidente de Fundación Vida Silvestre Argentina, a fin de ser admitidos como amicus curiae y a fs. 974/975 se los tiene por presentados en el carácter invocado, haciendo también lo propio y en el mismo cáracter, Susana Mónica Torresagasti por la Fundación Biodiversidad en la audiencia del día 02/03/2007.
VII) A fs. 872/873 se resuelve el mantenimiento de la medida cautelar decretada.
A fs. 894/898 se celebra audiencia pública en la sede del Colegio de Abogados Departamental.
VIII) A fs. 974/976 de conformidad con lo prescripto por el art. 11 de la ley 7.166, se ordena la inmediata producción de las pruebas las que se proveen a continuación y a fs. 1.247 se certifican las producidas.
IX) Finalmente a fs. 1.274 quedan los autos en condiciones de ser resueltos.
Y CONSIDERANDO:
1) Sobre el planteo de extemporaneidad de la demanda articulado por el apoderado de la accionada Municipalidad de Mar Chiquita:
Preliminarmente corresponde dilucidar si la acción de amparo promovida por la actora resulta extemporánea, tal como sostiene el apoderado de la accionada.
Al respecto viene a cuento recordar la división de la doctrina en cuanto a considerar si la reforma constitucional de 1994 derogó implícitamente el plazo de caducidad contenido en la ley nacional de amparo (ley 16.986 art. 2do. inc. e), es decir un plazo de caducidad similar al que previera el art. 6to. de la por entonces vigente ley 7.166 y actualmente por el artículo 5to. de la ley 13.928 (texto según ley 14.192).
Las dos posiciones enfrentadas fueron explayadas en el fallo dictado por la Cám. Nac. Federal en lo Civil y Comercial Sala I del 12/10/95, causa "Guezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social" (ver La Ley, tomo 1996-C, pág. 509 y comentario de Sergio Gustavo Fernández y Luis María Marquez, en el Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo de la misma editorial, ejemplar del 18/6/99, pág. 1).
En el voto del juez Pérez Delgado aflora la postura que considera que el texto constitucional de 1994, ha derogado implícitamente tal requisito.
Sostuvo Pérez Delgado que "en la ley reguladora del amparo 16.986 coexisten dispositivos que disciplinan los presupuestos de su admisión (arts. 1 y 2) y la legitimación (art. 5) con otros que se limitan a regular aspectos sólo de procedimiento, tales como los relativos a la competencia (art. 4), a los requisitos del escrito de iniciación (art. 6), a la prueba (art. 7), a los plazos de los diferentes actos procesales (arts. 8, 9, 15) entre otros. Sobre la base de esa distinción es apropiado interpretar que el plazo de caducidad que regula el art. 2 inc. e) de la ley, excede la materia puramente procesal formando parte del ambito propio de los presupuestos de admisión del amparo, y a partir de la reforma constitucional de 1994, el art. 43 consagra expresamente la acción de amparo y establece cuáles son los presupuestos de su admisión y procedencia y quienes se hallan legitimados para deducirla. Consecuentemente se debe interpretar que el texto constitucional en tanto prevé las condiciones que se deben reunir para acceder a la vía del amparo, se basta a si mismo, es por lo tanto operativo, y no tolera el agregado de otros requisitos que tenían como presupuesto un diferente régimen constitucional"
Por el contrario el vocal Francisco de las Carreras afirmó que "el art. 43 innova en algunas disposiciones que se repugnan con las correspondientes de la ley 16.986 (expresas previsiones en materia de admisibilidad), por lo cual la abrogación "... sólo existe en los límites en que realmente son incompatibles la ley antigua y la nueva..." (cfr. Salvat, "Tratado de Derecho Civil Argentino". Parte General, 7ma. ed. año 1944, nro. 239). Por ello los supuestos compatibles de inadmisibilidad y de trámite en general, en cuanto no se contradigan con aquellas, subsisten en la medida que se encuentran previstos en la ley 16.986"
También a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le tocó entender en un caso donde se había declarado la caducidad de la acción por aplicación del art. 2 inc. e de la ley 16.986.
En tal causa ("Tartaroglu de Neto, Leonor c/ I.O.S"), con fecha 25/9/01 se hizo lugar al recurso extraordinario entendiendo el tribunal que "...en la medida en que con la acción incoada se enjuició una arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único ya pasado, cuyo juzgamiento tardío compromete la seguridad jurídica ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias"
De tal forma, aún admitiendo la subsistencia de los plazos de caducidad establecidos por las distintas leyes de amparo a posteriori de las reformas constitucionales, la caducidad no procede cuando -como ocurre en el sub lite- no se está ante un acto único y pasado, sino ante una situación que si bien comenzó a ejecutarse, los efectos que se procuran evitar son potenciales y futuros.
En casos como el de autos, donde la acción es netamente preventiva, no puede afirmarse de modo lógico que hubiese comenzado a correr plazo de caducidad alguno.
Por lo demás, completando el espectro y como sostiene el accionante, el artículo 32 de la ley 25.675 establece que "el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie..."
En tales casos, en palabras de la Corte "la acción de amparo aparece prima facie como la vía judicial más idónea para remediar la situación, lo que requiere una interpretación que no frustre su vigencia atendiendo sólo a razones formales"
No escapa al suscripto que el nuevo texto del artículo 5to. de la ley de amparo provincial 13.928 contempla renovadas limitaciones y exigencias, pero tampoco que dicha ley fue publicada en el Boletín Oficial el día 11 de febrero de 2009 y la demanda instaurada el día 14 de agosto de 2006.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de la accionada atinente a la extemporaneidad de la acción de amparo promovida por Aníbal Ballesteros.
2) Introducción a la problemática de los residuos. Enfoque sociológico de la cuestión:
Si se intenta, al menos someramente, ubicar la génesis de la problemática de los residuos desde un prisma global, no puede desconocerse que el crecimiento poblacional mundial, el advenimiento del capitalismo con base en la industrialización y la expansión urbana en las ciudades han contribuido -entre otras preocupantes consecuencias- a la radical alteración del ambiente en que vivimos.
Y es más precisamente “...a partir del siglo XX y especialmente de su segundo tercio, con la expansión de la economía basada en el consumo, la cultura del usar y tirar, y los extraordinarios avances técnicos experimentados cuando el problema empieza a tomar proporciones críticas y a generar un gravísimo impacto en el medio ambiente...” (“Los residuos urbanos y su problemática”, publicado en el sitio on line www.uned.es).
En síntesis, uno de los impactos más relevantes, negativos e insolubles que cabe atribuir sin hesitación a la concentración cada vez mayor de seres humanos en espacios físicos urbanizados y al consumismo desenfrenado, es la eliminación de desechos -sólidos y líquidos-, que trastocan el ambiente y repercuten en la salud humana.
Y si bien los países han puesto atención en el problema implementando progresivamente tecnologías o programas especiales que permiten la eliminación o reciclaje de la basura, mitigando sus efectos negativos (programa ”basura cero”, etc.), también es cierto que no todos lo hacen de igual manera, sea por su distinto grado de organización social, sea por su desigual capacidad económica, sea por la abismal diferencia de cultura y concientización de los miembros de cada una de estas comunidades o sea por la irrefrenable carrera consumista que invade por igual a todas ellas (sobre el particular se recomiendan como de visión obligatoria los documentales “Los espigadores y la espigadora”, con guión y dirección de Agnés Varda, año 2000 y “La historia de las cosas”, con guión de Annie Leonard y dirección de Louis Fox, año 2007; asimismo, de la trilogía qatsi del director Godfrey Reggio, véase especialmente “Koyaanisqatsi: vida fuera de equilibrio” (año 1983), documental sobre los efectos destructivos del mundo moderno en el medio ambiente y remontando al verdadero origen del problema resulta imprescindible la visión de “L´Argent” de Robert Bresson, (año 1983) sobre el relato de León Tolstoi “El cupón falso”; finalmente, en la misma línea de pensamiento, la novela “El país de las últimas cosas” de Paul Auster (Ed. Anagrama, año 2002)).
En este estado de las cosas, el desafío resulta mucho mayor: en efecto, ya no se limita al manejo de los enormes volúmenes de desechos que producen los espacios urbanizados sino también a aquellos que se producen en espacios destinados a la conservación de la naturaleza, como son las áreas naturales protegidas.
Tomando como norte la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (U.I.C.N.) del año 1994, estas áreas pueden ser conceptuadas como aquellos espacios geográficos donde los ecosistemas se encuentran en condiciones menos alteradas por la presencia de los seres humanos; por ello se conserva en ellas una mayor biodiversidad que en los espacios antropizados.
Y si bien estas áreas se ubican en espacios rurales donde la población se ha asentado en pequeños grupos o comunidades, un manejo inadecuado de los residuos o desechos sólidos impacta fuertemente en la salud de las familias y los hábitos de los animales domésticos que ahí residen, pero también en las condiciones de los ecosistemas naturales que los rodean, pudiendo influir en los patrones de comportamiento de la fauna y flora silvestre, sumado a que resulta incompatible con los valores paisajistas y ambientales propios de estos lugares.
Esta referencia no resulta ociosa toda vez que la ubicación del predio de disposición final de residuos en una parcela cercana a la reserva natural Parque Atlántico Mar Chiquita y la potencial afectación de esta reserva mundial es una de las cuestiones centrales a resolver en la presente acción.
3) Tutela constitucional. Sobre la procedencia o improcedencia de la acción:
El tema a resolver en el sub lite podría sintetizarse en la siguientes preguntas: ¿el predio elegido para ubicar el centro de disposición final de residuos tiene las aptitudes requeridas para no ocasionar daños al medio ambiente y a la salud de las personas? Y en el supuesto de no resultar viable el sitio ¿se ha buscado una solución alternativa?
Formulados estos dos interrogantes y previo a considerar las directrices constitucionales y la normativa imperante en materia ambiental, no debe olvidarse que, con mayor o menor grado de sofisticación en su construcción y funcionamiento, los basurales (o centros de disposición final de residuos o rellenos sanitarios), presentan al menos cinco consecuencias altamente negativas, a saber: “Deterioran la calidad de vida de quienes habitan en sus inmediaciones. Contribuyen a disminuir el valor económico de sus propiedades. Degradan la calidad de los acuíferos subterráneos y la napa freática mediante la infiltración de los líquidos que percolan a través de los residuos. Producen contaminación atmosférica. Hacen proliferar animales y vectores transmisores de enfermedades. Fuente: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)...” (publicado en el Diario La Nación, edición del día 16 de diciembre de 2010).
Es sabido que la basura que se va depositando en los centros de disposición de residuos produce lixiviados y libera gases.
Los líquidos lixiviados "se forman mediante el percolado de líquidos (como por ejemplo, agua de lluvia) a través de sustancias en proceso de descomposición. El líquido, al fluir, disuelve algunas sustancias y arrastra partículas con otros compuestos químicos. Los ácidos orgánicos formados en ciertas etapas de la descomposición contenidos en el lixiviado (como ácido acético, láctico o fórmico) disuelven los metales contenidos en los residuos, transportándolos con el lixiviado (Friends of the Earth, 1996). El fin del recubrimiento inferior de un relleno sanitario es evitar todo contacto entre los residuos y el suelo y las napas freáticas. Sin embargo, tanto la capa arcillosa como el recubrimiento plástico pueden romperse. La arcilla es vulnerable a los químicos que están presentes en la basura, como el benceno, ya que por difusión puede atravesar una capa arcillosa de 91,4 cm en aproximadamente 5 años. (Environmental Research Foundationa, 1989) La membrana plástica también es vulnerable a sustancias químicas que puedan encontrarse en los residuos urbanos...." (“Resumen de los impactos ambientales y sobre la salud de los rellenos sanitarios”, mayo de 2004, 3ra. revisión: septiembre 2008. Campaña Basura Cero. Greenpeace Argentina, publicado en la página oficial de Greenpeace Argentina). 
El panorama no resulta demasiado alentador. En el mismo informe se lee: “De acuerdo a un experimento llevado a cabo en Estados Unidos en 1990, se concluyó que las membranas de última tecnología de PEAD permiten el filtrado de líquidos lixiviados a una velocidad de alrededor de 200 litros por hectárea por día, aún instaladas de acuerdo a los más sofisticados métodos de control, debido a las pequeñas perforaciones producidas durante la construcción (Environmental Research Foundation, 1992)...” (publicación citada, el resaltado me pertenece).
Se ha comprobado que la naftalina degrada el polietileno de alta densidad (PEAD) y otras sustancias menos nocivas pero usuales como la margarina, el vinagre o el lustre para zapatos pueden debilitarlo y, finalmente, romperlo. El PEAD es uno de los elementos que se quiere utilizar en el proyecto de autos (ver fs. 752 primer párrafo).
Con estas muestras en mano es dable remarcar que el constituyente de 1994 se ha encargado de tutelar con carácter prioritario el derecho de todos los habitantes de la nación a un ambiente sano, con el correlativo deber de preservarlo (art. 41 de la constitución nacional).
Asimismo, ha puesto en cabeza de las autoridades el deber de proveer lo necesario “a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales” (art. 41 citado), poniendo a disposición de los ciudadanos la acción de amparo como medio o vía más eficaz para lograr los fines enunciados (art. 43). A ellas debe sumarse la norma madre de la mentada reforma, esto es el inciso 22 del artículo 75.
En el orden provincial, la reforma del mismo año ha seguido idéntica línea protectoria que la sentada en la carta magna nacional, cuyos fines son explicitados detalladamente en su artículo 28 entre los cuales y atento la índole de la cuestión traída a decisión, cabe resaltar los de "controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema, promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna..."
Pero no sólo ello: en materia ambiental la Nación tiene a su cargo el dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos de protección (art. 41 de la C.N.).
Dos leyes cimeras en tal sentido resultan ser la llamada Ley General del Ambiente (nro. 25.675) y la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios (nro. 25.916). Ambas contienen presupuestos mínimos de tutela definidos por la ley 25.675 en su artículo 6to..
En el artículo 4to. de la mencionada ley se condiciona la interpretación y aplicación de todo el plexo normativo ambiental al cumplimiento de una serie de principios entre los cuales se cuenta el "principio de congruencia".
Que el mentado principio establece que las legislaciones provincial y municipal referidas a lo ambiental deben inexorablemente adecuarse a la L.G.A. y si así no fuere esta última prevalecerá sobre toda norma que se le oponga (sobre la vigencia de la normativa aludida en el ámbito provincial y municipal, ver "Asociación Civil Nuevo Ambiente Centro Vecinal Punta Lara c/ C.E.A.M.S.E. s/Amparo", Cám. de Apel. en lo Contencioso-Administrativo de La Plata, causa nro. 3.131, S. del 22/06/2006, que culminara a través de sentencia homologatoria de la S.C.B.A., Ac. 68.857, S del 20/12/2006).
Que ello en modo alguno limita a las provincias para el dictado de normas complementarias tanto sustantivas -de características semejantes a las nacionales, de allí su condición de complementarias- como adjetivas- de implementación de la normativa nacional y producto de las facultades no delegadas- (vgr. leyes 11.723 y 10.907).
Precisamente, en el orden provincial, la ley 11.723 sobre protección del medio ambiente y recursos naturales sigue los lineamientos sentados por el constituyente sin apartarse de los presupuestos sentados en la L.G.A., pero además regulando medulosamente los procedimientos aplicables en materia ambiental.
En esta inteligencia también la ley 25.916 condensa una serie de directrices de cumplimiento ineludible. Y aquí llegamos a un punto de inflexión que permite ir desmadejando la cuestión a resolver en autos.
Es que si las consecuencias negativas señaladas al comienzo del capítulo son consideradas como inevitables por los expertos, -con independencia de su posibilidad de mitigación-, es claro que tales males se potencian cuando el lugar elegido para instalar un centro de disposición final de residuos presenta impedimentos de tal entidad que nos llevan a preguntar seriamente y de modo preliminar como pudo seleccionarse un predio con las características que presenta la parcela 22 bt, con un marcado desdén por la normativa vigente en el campo ambiental.
En efecto, si bien la parte accionante reconoce a fs. 323 vta. que la parcela 22 bt de la Circunscripción IV del Partido de Mar Chiquita se encuentra fuera de los límites catastrales de la reserva M.A.B. y del refugio de vida silvestre provincial, de la profusa documentación acompañada en el sub lite surge que el establecimiento del centro de disposición final de residuos en dicho inmueble afectaría temprano (ante un imprevisto o accidente) o más tarde (como consecuencia inexorable e inevitable) buena parte de la cuenca hidrológica de Mar Chiquita.
Así resulta de las presentaciones de los amici curiae (ver en particular fs. 827/831, del Rotary Club; 863/867, de Fundación Vida Silvestre Argentina), del informe del I.A.R.N. obrante a fs. 942/970, que controvierte el estudio del C.E.A.M. S.E. (véase fs. 963/967 y fs. 621 donde el C.E.A.M. S.E. considera al predio sólo como "tolerable") y especialmente el informe elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que luce a fs. 1.066/1.077, en particular las recomendaciones y conclusiones obrantes a fs. 1.070/1.071, 1.074 y 1.076.
En igual sentido se expiden Fundación Biodiversidad Argentina (ver fs. 1.081), Aves Argentinas Asociación Ornitológica del Plata (fs. 1.089), el Museo Argentino de Ciencias Naturales (fs. 1.119).
Y no debe perderse de vista que el artículo 3 de la ley 25.688 de gestión ambiental establece que “las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles”
Pero no sólo ello. En la audiencia pública celebrada a fs. 894/898, la comparación que efectúa el asesor ambiental del municipio, ingeniero Carlos Eduardo Pérez, graficando lo que ocurriría con el predio y el medio ambiente de instalarse allí el centro de residuos, resulta elocuente a la par de preocupante.
Luego de reconocer que resulta posible que, como manifiesta la agente fiscal Martínez Ruiz, los límites entre el predio y la reserva sean "difusos", Pérez refiere a la siguiente figura: "si uno fuma cerca de otro es posible que le vaya el humo" (textual de fs. 895).
No escapa al suscripto que el predio cuenta con un certificado provisorio de aptitud ambiental, que la autorización definitiva para el funcionamiento del centro de disposición de residuos se encuentra condicionada a la obtención del certificado de aptitud hidráulica y que tal trámite está paralizado por la medida cautelar decretada en autos.
Aquí cabe detenerse en la resolución 1.432/06 de la Secretaría de Política Ambiental. En primer lugar, asiste razón al Dr. Esaín cuando distingue entre una D.I.A. (declaración de impacto ambiental) y lo que otorgó la S.P.A. que es una declaración de aptitud ambiental.
La referida resolución no solo contraría la ley 25.916 (y actualmente también a la ley provincial 13.592), los arts. 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución Provincial, lo que enerva su eficacia, sino que su propio contenido resulta un tanto enrevesado y objetable.
Es que le otorga aptitud al predio, previo cumplimiento de una serie de medidas y previo al comienzo de las obras.
Las obras ya habían comenzado y fueron momentáneamente detenidas por la medida cautelar decretada en autos, pero además no resulta razonable otorgar aptitud a un proyecto antes de adecuarlo para que el mismo sea apto.
Asimismo, en el anexo I de la resolución 1.432/06 se dispone que la declaración de aptitud ambiental caerá si se confirma la existencia de pozos registrados existentes a menos de 500 metros del predio.
Sin perjuicio que la distancia fue ampliada a posteriori a 1.000 metros, la exigencia de la registración resulta arbitraria, tal como se fundamentará más adelante.
Con este panorama, el principio de prevención obliga al suscripto a evitar las factibles consecuencias disvaliosas para el ambiente y la salud de todo ser viviente, máxime cuando en el caso de autos las deficiencias que presenta el sitio son evidentes, de entidad y de una potencialidad dañosa extrema.
Es que hay datos que resultan tan alarmantes como la obstinación de la accionada en que el relleno sanitario sea construido y funcione en el predio señalado.
En efecto, al ya apuntado obstáculo de que el sitio elegido, si bien se encuentra fuera de los límites catastrales de la reserva provincial y del área catalogada por la UNESCO como M.A.B., está muy cercano a la reserva, a punto de ser considerado científica y normativamente como parte integrante de la cuenca hidrológica de Mar Chiquita, deben sumarse al menos otros seis impedimentos acreditados en autos.
Veamos: 1) la napa de agua potable está a muy poca distancia de la superficie, 2) hay pozos de extracción de agua a menos de 1000 metros de distancia del relleno, 3) un canal cruza el predio, 4) el vertedero desemboca en la Laguna de Mar Chiquita, 5) el sitio está ubicado en un bajo y 6) es inundable.
Vayamos por partes. Primero, si la napa de agua potable está a muy poca distancia de la superficie es harto probable que ante el menor incidente o en el futuro -cuando finalmente claudique el aislamiento inferior- la napa se contamine.
Segundo, la discusión sobre si los pozos de agua están o no autorizados, es la muestra más acabada de la distorsión del enfoque que se da al problema por parte del municipio demandado y de la Secretaría de Política Ambiental (al respecto véase la res. 1.432/06 )

Sábado 5 y Domingo 6 a las 19 hs.en Balneario Parque Mar Chiquita

 

Por Prof. Norberto Ovando*